Podríamos dividir a una hipoteca en dos fases, la primera se refiere a la pre-autorización de la línea de crédito y la segunda a la evaluación de la garantía y autorización definitiva.

La diferencia entre los términos radica en que un crédito hipotecario no se puede llamar autorizado hasta que la institución financiera determine que tanto el cliente como la garantía inmobiliaria (vivienda) son sujetos de este, para saber si el inmueble cumple con los requisitos que marcan las políticas de la institución se debe llevar a cabo un avaluó y un notario público debe dar fe de la posibilidad de enajenación, por lo tanto, si solo conocemos la viabilidad del cliente para el otorgamiento del crédito pero no la del inmueble se dice que el crédito esta pre-autorizado. Si la institución financiera ha analizado las condiciones tanto del cliente como de la garantía y ha concluido en que cumplen con las políticas para el otorgamiento del financiamiento se conoce como autorización definitiva.

Participantes en una hipoteca

La compra de una vivienda por medio de una hipoteca involucra a muchas más personas de las que usualmente la gente imagina.

Por un lado se encuentra el comprador del inmueble y titular del crédito hipotecario, este debe ser una persona honesta y honorable, con la capacidad económica para respaldar el pago de la mensualidad a la institución que otorgue el financiamiento.

El vendedor del inmueble que como su nombre lo indica es la persona que esta dispuesta a enajenar su propiedad al comprador titular del financiamiento.

En la mayoría de los casos una inmobiliaria sirve de intermediario entre el comprador de la vivienda y el vendedor de esta.
La institución financiera que es quien aportara los recursos para adquirir el inmueble y pagara al vendedor quedando el comprador titular del crédito como acreedor de esta hasta la liquidación del financiamiento.

El notario público es quien se encarga de dar fe de que el proceso sea transparente y según las reglas dispuestas para ello.

La unidad de valuación es quien se encarga de dar a la institución la certidumbre que el inmueble es sujeto de garantía y cumple con los requisitos que esta determina como valor, dimensiones, vida útil, etc.